DIRECTIVA EUROPEA DE GESTIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

El incumplimiento de los plazos marcados por la Directiva Europea asociada al impacto acústico de los grandes ejes de transporte, hacen necesaria la revisión y reevaluación de la estrategia española en esta materia, con el objetivo de cumplir la normativa en siguientes fases.

En el año 2002, la Unión Europea aprobó la Directiva 2002/49/CE, cuyo objetivo principal era proporcionar una base normativa con el fin de poder determinar el impacto acústico asociado a los principales ejes de transporte y las grandes aglomeraciones urbanas e implementar medidas correctoras a medio y largo plazo.

Este marco normativo se materializa de forma específica en la obligatoriedad por parte de los estados miembros de desarrollar un conjunto de Mapas Estratégicos de Ruido (MER) y Planes de Acción (PAR) que determinan las zonas más afectadas y proponen medidas y prioridades de actuación. Estas medidas tienen como objetivo una atenuación progresiva, aunque significativa, de la afección acústica preexistente asociada a los grandes focos acústicos de nuestra sociedad.

Los citados documentos de base (MER y PAR) debían elaborarse en Fases consecutivas, atendiendo a unas normas de prioridad. La Fase I, la cual la Directiva preveía que finalizase en 2007, debía analizar los principales ejes de comunicación, los grandes aeropuertos y las áreas urbanas más importantes (mayores de 250.000 habitantes). La Fase 2, que debía finalizarse en 2012, rebajaba el umbral de las infraestructuras a analizar a la mitad de las circulaciones y el de las ciudades hasta un mínimo de 100.000 habitantes.

Los citados documentos, elaborados en las Fases 1 y 2, deben revisarse y actualizarse cada 5 años, con el objeto de evaluar la evolución de los planes establecidos y determinar si es necesario poner en marcha nuevas medidas correctoras.

La realidad es que, actualmente, concluido el mes de mayo del año 2020, el cumplimiento efectivo de España para los MER de la Fase 3, que debía haber estado remitida de forma íntegra a Bruselas hace tres años, no alcanza el 60%. En cuanto a los PAR de la Fase 3, el cumplimiento se sitúa en torno al 35%.

Conocedora de este retraso, la Comisión ya ha advertido a España de potenciales sanciones. Así, en septiembre del año 2016 el máximo organismo europeo lanzó un primer aviso a nuestro país urgiéndole el cumplimiento íntegro de la citada normativa. En julio del año 2018 el mismo organismo instó de nuevo al estado español a cumplir con la Directiva pasando a dictamen motivado el procedimiento abierto por este motivo.

La distribución competencial española hace que la responsabilidad de los retrasos acumulados recaiga en diferentes administraciones y entidades operadoras. Éstas han progresado en el objetivo de cumplimiento de manera heterogénea y es por tanto muy complejo establecer una estrategia común con el fin de poner solución a ese retraso de forma urgente, no solo por los obvios motivos ambientales del asunto en cuestión sino al objeto de evitar las sanciones esperables por parte de la Comisión Europea en caso de incumplimiento continuado.

Partiendo de la responsabilidad compartida de estos incumplimientos, se hace necesario por parte de todas las administraciones y entidades implicadas la implementación urgente de una estrategia ágil que permita mostrar de forma fehaciente a la Unión Europea que nuestro país está aplicando las acciones necesarias para solventar el retraso acumulado y converger más pronto que tarde hacia el cumplimiento normativo completo en las proximidades del año objetivo 2023 fijado para la Fase 4.

Tomando como referencia los plazos que fueron necesarios para la elaboración de las primeras Fases de este proceso, y partiendo de la premisa de cumplimiento de la entrega de los MER y PAR de la Fase 4 en septiembre de 2023, aun estaríamos a tiempo de cumplir de manera generalizada con estos plazos marcados, siempre y cuando se adopten dos medidas básicas.

  • El lanzamiento urgente, de los procesos de licitación de las asistencias técnicas necesarias para el desarrollo de los trabajos pendientes tanto de la Fase 3 como de la Fase 4 de la Directiva. Dicha licitación debería resolverse como muy tarde en el primer trimestre del año 2021.
  • La contratación conjunta de todas las Fases pendientes incluyendo la elaboración de los MER y PAR bajo el mismo paraguas contractual.

Ambas medidas merecen al menos ser discutidas y analizadas por parte de todos los organismos implicados, ya que, a pesar de no corresponder con el planteamiento inicial, su sencillez de aplicación y eficacia pueden resultar básicas para remontar esta situación. 

Autor

Julio Gutiérrez
Manager de Medioambiente