La digitalización de la sociedad es un proceso imparable que, bien entendido, debe implicar la mejora generalizada de la eficiencia de determinados procesos y gestiones. Como fin último, la digitalización debe suponer una mejora general de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
La prestación de los servicios públicos es una parte fundamental de las funciones de cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma, bien a través de medios propios o, de manera cada vez más recurrente, a través de concesiones que operan distintos servicios al ciudadanos. La calidad y la eficiencia con la que esos servicios públicos se prestan afecta de manera directa a la calidad de vida y el bienestar de toda la sociedad.
El ciudadano y contribuyente es, de facto, un cliente activo del servicio público que comienza a exigir soluciones de eficacia y calidad similares a las que encuentra en los servicios privados. La capacidad de controlar esos parámetros se ha convertido, por tanto, en un factor imprescindible de la gestión de estos servicios. Un nuevo modelo de explotación donde se visualizan de manera explícita y en tiempo real los resultados.
En este contexto, todos los agentes implicados en la prestación de los diferentes servicios públicos, desde la propia administración hasta los operadores privados concesionados, se están viendo empujados a buscar alternativas innovadoras que permitan ofrecer a los ciudadanos soluciones que mejoren la calidad percibida del servicio a la vez que optimizan el coste operativo del mismo.
Este proceso se hace especialmente evidente en la escala municipal, donde la cercanía del ciudadano es máxima y la prestación del servicio muy visible.
En este contexto, el binomio digitalización–servicio público cobra una relevancia manifiesta que se ve reforzada por los diferentes planes de recuperación, inversión y desarrollo anunciados reiteradamente por los diferentes gobiernos nacionales y regionales como parte de su política de innovación y futuro destino de los diferentes fondos de ayuda a la reconstrucción que se recibirán de las instituciones europeas.
Para facilitar este proceso de adaptación, WSP Spain ha desarrollado e implementado con éxito una plataforma digital que permite, tanto a administraciones públicas como a operadores privados elevar el nivel de control de sus operaciones a través de la aplicación de sistemas específicos de gestión de la información, protocolos de control de incidencias y otras tecnologías digitales de vanguardia.
Se trata de una aplicación web, accesible por tanto desde diferentes dispositivos, que gestiona toda la información del servicio a través de una base de datos operada por el personal técnico asociado al servicio. El software facilita no solo la gestión de las incidencias operativas, sino la evaluación de múltiples datos y estadísticas de control, establecidas específicamente para cada cliente. Una herramienta perfectamente escalable y adaptable a cualquier servicio público.