Hasta la fecha, se han anunciado medidas concebidas a modo de salvavidas para los más vulnerables, pero ineludiblemente se definirán e implementarán a la mayor brevedad nuevas acciones que actúen como estímulo y que sirvan como acelerantes a la necesaria recuperación económica.
Afortunadamente algunos de estos organismos nacionales e internacionales ya se encuentran debatiendo esas acciones urgentes de cuya eficacia y celeridad de implantación dependerá en gran medida nuestra salud económica futura.
En el ámbito de estas discusiones, algunas voces abogan por dar cobertura a lo urgente a costa de lo importante, apoyando un desvío masivo de fondos en la mitigación directa de los problemas generados por el COVID19 y detrayendo estos costes de otros programas de inversión. Este soporte directo a la crisis, atractivo desde el punto de vista político y de comunicación, corre el peligro de ser sumamente ineficaz a medio y largo plazo ya que no activará los mecanismos necesarios para avivar la economía y convertirá inversiones en costes sin ningún tipo de retorno positivo a medio o largo plazo.
Otros actores, defienden el desarrollo de lo que públicamente se ha denominado un Plan Marshall, basado en la financiación y desarrollo de infraestructuras que actúen como dinamizador presente y futuro de la economía. Esta línea de acción inversora, en la que parecen estar algunos países como China, se ha demostrado históricamente eficaz tanto por su retorno positivo a medio-largo plazo como por su histórica resiliencia ante nuevos riesgos futuros pero parece tener un difícil encaje, al menos en su concepción tradicional, con la creciente preocupación social sobre el cambio climático y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados como el libro de ruta a seguir en el desarrollo futuro de nuestra sociedad.
Una tercera corriente, surgida de algunos entornos de la Unión Europea y de diferentes asociaciones, defiende el uso de los planes de inversión en sostenibilidad medioambiental considerados como prioritarios hace apenas unas semanas como la base del plan para la citada reactivación económica. De este modo, la implantación de políticas aún más activas y agresivas en el soporte y potenciación de inversiones para la mejora de la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de los ODS puede convertirse, con las adaptaciones y la gestión adecuadas, en un mecanismo de generación de empleo y reactivación económica.
Si tomamos como ejemplo las ayudas a la eficiencia energética, tímidamente lanzadas en los últimos años por diferentes gobiernos, acciones como el soporte económico y normativo al autoconsumo podría fácilmente canalizar parte de las ayudas a pymes y particulares. De manera análoga las ayudas a proyectos específicos energéticos para grandes consumidores podrían ayudarles a atravesar esta crisis con mayor solvencia y un plan de futuro asegurado a la vez que contribuyen a la mejora de las condiciones ambientales de sus elementos de producción.
Esta tercera vía, siendo la más compleja por la necesaria adaptación de los planes a dos objetivos distintos, pero no incompatibles, parece el camino a seguir. La dinamización económica post COVID-19 y el cumplimiento de los ODS, serán desde ahora dos paradigmas de la búsqueda de un futuro mejor para todos.
