Este proceso, conceptualmente sencillo, se ha convertido en la actualidad en un problema complejo debido a los significativos retrasos acumulados en la tramitación, a los sobrecostes asociados a los mismos, a la falta de transparencia del desarrollo del proceso, al aumento de riesgos de la inversión durante la tramitación y a la inseguridad jurídica que en demasiadas ocasiones va asociada al proceso complejo de obtención de la licencia.
Según datos del sector, el retraso medio actual en la concesión de licencias de obra nueva y primera ocupación es generalizado en la mayor parte de los ayuntamientos de nuestro país, llegando a alcanzar periodos próximos a los 12 meses y suponer unos sobrecostes asociados a la promoción que afectan en casi 30.000 € por vivienda en algunas capitales de provincia.
Parece obvio mencionar que la Administración no solo no debe suponer un obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país, sino que debe ejercer como motor del mismo. Es por ello urgente y necesario abordar una reforma íntegra y profunda de los procesos de gestión y concesión de las diferentes licencias de obra y primera ocupación por parte de la globalidad de los Ayuntamientos españoles para encontrar una fórmula que permita una gestión eficaz, transparente y jurídicamente segura.
Desde WSP apostamos por una digitalización integral del proceso a través de una plataforma que permita la trazabilidad y el seguimiento de los expedientes con total seguridad y trasparencia. Paralelamente, es necesario abordar la externalización del refuerzo de los servicios técnicos municipales con profesionales capacitados e independientes que ayuden en tareas como el cribado y gestión primaria de expedientes más sencillos, el desarrollo de asesorías especificas en proyectos complejos o la monitorización del cumplimiento de las condiciones expresamente impuestas por los servicios municipales a las licencias emitidas.
Algunas CCAA como la Comunidad Valenciana están promoviendo el desarrollo de legislación específica que permita de manera explícita el uso de recursos externos, en este caso empresas certificadas, para dar soporte a los funcionarios. Otras administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, han iniciado la implementación, al menos de modo experimental, de un software específico que ayude a la agilización del proceso.
Estas iniciativas, hasta ahora esporádicas y puntuales, deben ser solo la punta de lanza de una tendencia que se impondrá de manera generalizada en nuestras administraciones locales. Su implementación encaja perfectamente en los planes estratégicos definidos por el Gobierno sobre digitalización y dinamización de la economía, en las políticas de transparencia exigidas por la unión europea y en el control de riesgos y seguridad jurídica solicitada insistentemente por los inversores nacionales e internacionales interesados en nuestro país.
La tecnología ya está desarrollada, el mercado dispone de empresas capaces de ofrecer un servicio de alta calidad y la política de ayudas europeas está alineada con las necesidades detectadas en aras no solo de la dinamización de un sector sino de la eliminación de barreras para su desarrollo permitiendo, por tanto, una modernización que mejore la eficiencia de estos procesos.
