La palabra estrella del estado de emergencia causado por el COVID-19 en España y de manera global en todo el mundo ha sido “Teletrabajo”. Prácticamente la totalidad de las empresas cuyas actividades pueden desarrollarse total o parcialmente de manera remota han acelerado con gran eficacia los procesos internos para garantizar el mantenimiento de la producción. El logro prácticamente generalizado ha contado con dos ingredientes básicos, la aplicación de las nuevas tecnologías liderada casi siempre por unos talentosos departamentos de IT y enormes cantidades de interés, flexibilidad y buen hacer mostrado por aquellos de deben desarrollar el trabajo desde sus casas.
Sin embargo, los procesos administrativos y de contratación asociados a las Administraciones Públicas no han seguido el mismo camino. Han sido paralizados o cancelados de manera generalizada, siendo la excepción aquellas administraciones públicas o agencias que no han bloqueado totalmente sus procesos internos, a pesar de ser actividades realizables remotamente.
Este parón ha generado una afección muy grave a nuestra economía ya que, una vez que la alarma sanitaria desaparezca, necesitaremos meses para devolver el país a una situación de normalidad administrativa debido a la necesaria aplicación de los plazos legales para el relanzamiento de la actividad (publicación en boletines, plazos mínimos, aperturas, etc.).
La digitalización de los procesos administrativos y de contratación pública ha tenido algunos avances en los últimos años, pero se ha mostrado claramente insuficiente en un entorno como el actual, donde su grado de desarrollo debía haberse equiparado al de los sectores que nutre, garantizado la continuidad del tejido productivo y la actividad económica asociado al mismo.
En los últimos años, se ha defendido la digitalización completa de los procesos administrativos desde la perspectiva de la transparencia, el buen gobierno y el ahorro de costes. A esos argumentos, sin duda aún vigentes, debemos añadir otro factor, si cabe más determinante a la lista, la garantía de que el sistema es consistente y robusto, evitando el inmenso perjuicio económico generado por parones como el que estamos sufriendo en la actualidad.
