Después de más de un año de la entrada en vigor del Real Decreto 244/2019, las expectativas de crecimiento del mercado de las instalaciones de autoconsumo en España empiezan a consolidarse.
La eliminación de trabas burocráticas, la compensación de excedentes, la introducción del autoconsumo colectivo, la eliminación de los límites de potencia y la llamada “producción de terceros” han relanzado a un sector que se ha lanzado con fervor a la comercialización de estas instalaciones de autoconsumo.
Todas las compañías del sector (EDP, Holaluz, Repsol, Iberdrola, Naturgy, EDF, Otovo, Total, etc.), e incluso algunas atraídas desde sectores colaterales (Telefónica, Mediamarkt, etc.), están aprovechando su base de clientes actual para lanzarse a la conquista del nuevo mercado, ofreciendo soluciones llave en mano atractivas tanto para usuarios particulares como para empresas y comunidades de vecinos.
Todas las ofertas prometen, por supuesto, una inversión rentable, limpia y segura además de un ahorro sustancial a medio largo plazo sin preocupaciones y con un servicio integral desde el primer contacto hasta la puesta en servicio completa de la nueva instalación; todo ello al mejor precio.
Esta competencia, sana en todo libre mercado, debe ser canalizada de manera justa y adecuada por el sector y particularmente por las propias comercializadoras, evitando entrar en una potencial espiral de caída de precios y disminución de calidad que, como tantas veces ocurre, acabe generando malestar en un amplio número de consumidores y problemas financieros en parte de las compañías del sector debido a una pérdida drástica de reputación del conjunto del sistema.
Es interés de todos, comercializadoras, instaladores y clientes finales que, después de haber obtenido finalmente una regulación propicia, el sector sea capaz de mantener el siempre difícil equilibrio de competir por los clientes garantizando las condiciones de calidad adecuadas de las instalaciones.
Sin embargo, la naturaleza del producto, descentralizado y disperso geográficamente, genera riesgos intrínsecos para la calidad del servicio y la reputación de las comercializadoras ya que ambas acabarán dependiendo de una cadena de suministros e instalación muy atomizada; donde inevitablemente la calidad percibida por el usuario será la peor de las calidades percibidas de cada uno de los miembros de la cadena de suministro.
Por ello, la implementación de un control de calidad externo y centralizado de todas las instalaciones se muestra como una herramienta imprescindible para las empresas comercializadoras ya que su imagen y reputación frente a los clientes acabará dependiendo de los pequeños instaladores locales e independientes que atiendan las necesidades de cada usuario.
